Necesario el análisis de las reformas penales por el Congreso del Estado: Jesús Martínez G.
Debido a que el Tribunal Superior de Justicia podría ser marginado del presupuesto federal para el próximo año, el magistrado presidente, Jesús Martínez Garnelo urgió a los diputados locales la revisión, análisis y aprobación de, al menos, ocho reformas penales, a fin de que eso no vaya a suceder.
De acuerdo a Martínez Garnelo, la pérdida financiera que tendría el Poder Judicial ascendería entre 20 y 35 millones de pesos, de acuerdo a la proporción que le corresponde; ello de los recursos que la Federación destina para los rubros de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia.
Por ello, durante una reunión que sostuvo con los diputados locales, el magistrado presidente del TSJ, urgió la necesidad de que el Congreso inicie el análisis de las reformas que se encuentran pendientes, las cuales derivan de la Reforma Constitucional Penal del 2008, aprobada por el Congreso de la Unión, la que permite avances progresivos en los estados.
Explayó que “los diputados tienen todo el tiempo; lo que pasa es que hoy se nos están acortando los tiempos porque, para fines del 2015, debemos de tener el 90% en cuanto a la legislatura, infraestructura y parte operativa”, subrayó.
Sin embargo, Martínez Garnelo reconoció que no es fácil elaborar leyes y adecuarlas a los nuevos sistemas y, pese a que existe la posibilidad de que el Congreso no apruebe las reformas este año, sí puede hacerlo a principios del próximo.
Comentó que el Código Penal tiene que adecuarse a los nuevos tipos penales: código de procedimientos penales del sistema acusatorio, ley de atención a víctimas, mecanismos alternativos de solución y la ley de adolescentes.
No obstante, las reformas penales les ha obstaculizado entrar de lleno al nuevo sistema penal acusatorio, a pesar de que se ha avanzado en un 85% en la infraestructura y en el área operativa, con al menos 300 servidores públicos profesionales.
Añadió que al nuevo sistema se han incorporado unos 60 operadores y que sus salarios representan unos 12 millones de pesos al año; todo esto, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este año.
Finalmente, por ello, el magistrado pidió el apoyo a los legisladores locales, a fin de que autoricen al Poder Judicial una ampliación presupuestal de entre 4 y 5 millones de pesos, para terminar algunas salas de oralidad, pues cada una tiene un costo aproximado, incluyendo su equipamiento, de dos millones de pesos.
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