Enfocando

Hace algunos días, el Gobierno de Guerrero, que encabeza el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, realizó algunos cambios en su gabinete, con la esperanza de que, sus nuevos integrantes, redoblen el esfuerzo y el trabajo para el mejoramiento de la vida pública, política y financiera de nuestra entidad, nombramientos que fueron casi todos aplaudidos; no así el de Alberto López Rosas, quien fuera designado como secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, a quien la clase política, incluyendo a los diputados de la actual legislatura, han cuestionado debido a que éste se encontrase involucrado en los hechos violentos ocurridos del 12 de diciembre del 2011, cuando perdieron la vida dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Como se recordará, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de una recomendación, solicitó juicio político en contra de López Rosas, hecho que motivo que la comisión instructora del Congreso Local iniciara el proceso correspondiente lo que, posteriormente, se convirtió en una Comisión de examen previo que se abocó a recibir comparecencias, tanto de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y del enjuiciado, López Rosas; sin embargo, el susodicho juicio se interrumpió en diciembre del 2012, debido a la discusión del presupuesto de egresos del 2013; al ser cuestionado, el presidente de la comisión instructora del Congreso Local, Omar Jalil Flores, señaló que este tema no ha terminado, aunque reconoció que, pese al juicio político instrumentado en su contra, Alberto López Rosas no tiene limitaciones legales para trabajar en la administración pública.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, pidió a los reporteros que esperen a que la comisión instructora resuelva el caso; asimismo, señaló también que, el hecho de que esté en marcha un procedimiento de juicio político en contra del exprocurador de justicia de Guerrero, no es motivo para que no ostente un cargo como de servidor público.

Por otro lado, la renuncia de la malquerida, Martha Elba Garzón Bernal como fiscal guerrerense era un clamor generalizado en el estado y al interior de esta dependencia, pues el sello característico de la “machina” era la soberbia, la prepotencia y la altanería de su despótico trato contra los propios trabajadores de la dependencia, por lo que su salida generó tremenda algarabía y fiesta, la cual culminó en un antro social, donde asistieron agentes ministeriales, ministerios públicos y secretarias de casi todos los departamentos.

Aunque esta nefasta y hombrada mujer aseguró que resolvió muchos casos rezagados y dejó para ejecución órdenes de aprehensión, como en las indagaciones de los homicidios cometidos en contra del exdiputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Érick Estrada Vázquez, quienes fueran ejecutados en la carretera que comunica el estado de Puebla con la ciudad de Tlapa de Comonfort, el 4 de septiembre del 2011; por igual, afirmó que en ese mismo sentido se encuentran los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, (OFPM); al igual el caso del homicidio del exalcalde de Ayutla de los Libres, Homero Lorenzo Ríos, quien fuera asesinado cuando era candidato a diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, en el año 2008.

Otro asunto que, según la exprocuradora queda resuelto, es el crimen perpetrado en contra del exdirigente de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Guerrero, (OCESG), Juventina Villa Mojica; hecho ocurrido el 28 de noviembre del 2012, en el que también falleciera su hijo de 17 años de edad, Reynaldo Santana Villa; cabe hacer mención que Martha Elba Garzón Bernal precisó que el expediente del expresidente del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, también está concluido y que según “La Machina” espera que en las próximas horas se giren las correspondientes órdenes de aprehensión en contra de los responsables del homicidio de este joven político.

Textualmente, podemos decir que la malquerida llegó con varita mágica y resolvió más del 70 % de averiguaciones previas rezagadas, ejecutando igual número de órdenes de aprehensión y resolviendo casos muy importantes para el Gobierno de Guerrero; habrá que preguntarle a la “rebuznante”, como dijera Javier fuentes Adame abogado postulante, excatedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y expresidente de la barra de abogados.

Si con ella se lleva los burros que imparten los cursos a todo el personal de la procuraduría y los más de 180 millones que recibió del Gobierno Federal en programas y recursos económicos o se aplicaron o se los embolsaron y también, si su séquito de aduladores y parentelas que incrustó en la Procuraduría se los lleva… que no vaya a olvidar la que en turno se encontraba.